Al estudiar la historia de Chile a la luz de la evolución de la democracia y del respeto de los derechos y la dignidad de toda persona nos encontramos con numerosas sorpresas y desilusiones. Esto se debe a que la formación escolar sobre nuestra historia y a que la visión común que hemos adquirido de ella esta plagada de mitos que nos proporcionan una engañosa autocomplacencia.
En realidad, las distorsiones y ocultamientos comienzan con la concepción que tenemos de la Conquista. Si bien toda la América hispana tuvo un origen virtualmente genocida; el caso chileno fue especialmente traumático dada la resistencia peculiar y prolongada de gran parte de los mapuches a su sometimiento, y la lejanía del territorio, lo que permitió un menor control de los latrocinios por parte de la colonia española.
La guerra permanente llevo a la creación de una sociedad particularmente autoritaria y donde la mezcla étnica se configuró en un contexto semiviolatorio de violencia y subordinación entre el soldado español y la mujer indígena. La propia guerra y la lejanía del territorio condicionaron además que las mujeres españolas llegaran en menor cantidad y mas tarde que en el resto de Hispanoamérica.
Por otro lado, el menor control del territorio por la Corona posibilitó que el ideal señorial de los conquistadores se hiciera mas efectivo en el caso de Chile, construyéndose relaciones económico-sociales de especial subordinación con las mercedes de tierras y las encomiendas otorgadas conjuntamente por los cabildos.
Asimismo, aquel menor control se tradujo en que la legislación protectora de los indígenas tuviera un particular incumplimiento en nuestro país, donde se adquirió su máxima expresión el famoso aforismo de que "la ley se acata, pero no se cumple". Esto condujo a su extremo la flagrante y profunda contradicción común a toda la América hispana de una empresa de conquista justificada en motivos religiosos de amor cristiano y llevada a la práctica con total crueldad, opresión, explotación y servidumbre.
Así, desde el comienzo podemos constatar en la sociedad chilena una matriz autoritaria, clásica y racista, y una aguda contradicción entre la teoría y la práctica. Como contraparte de los rasgos anteriores, constatamos también una sociedad tremendamente ordenada, homogénea y eficaz. Por cierto, es esta cara de la moneda la que se visualiza, completándose con una mitología sobre rasgos democráticos, igualitarios y tolerantes, la cual es efectuada de manera tan sofisticada que no solo se traduce en un notable autoengaño, sino además en una capacidad extraordinaria para hacer creer de ello al mundo exterior.
Estas características se proyectan plenamente en el Chile independiente. De este modo, bajo el elegante ropaje de una república democrática se desarrolló hasta 1891 una autocracia cuasi-monárquica, que concentro en la practica todos los poderes en un Presidente de la República que, a su vez, designaba a su sucesor. Asimismo, en los marcos de un proclamado legalismo y Estado de Derecho, se desenvolvió un limitado poder fáctico cuyo objetivo básico fue mantener a la inmensa mayoría de la población bajo el "peso de la noche" colonial.
Lo anterior perpetuó, a su vez, la tremenda desigualdad social originaria. Con el agravante que los booms exportadores del trigo, la plata y el cobre primero, y del salitre después; generaron una vergonzosa coexistencia del lujo y opulencia desenfrenado de unos pocos, junto con la atroz miseria de la gran mayoría de la población. Así por ejemplo, a comienzos del siglo XX la tasa de mortalidad urbana chilena era la mayor que la de la India. Y, por otro lado, la capa oligárquica más rica se construía mansiones y parques diseñados por arquitectos y paisajistas europeos, y se iba por años a derrochar sus fortunas al viejo mundo.
En relación a los pueblos indígenas, se despojo a sangre y fuego a los mapuches de millones de hectáreas y se los desplazó forzadamente a pequeñas reducciones, lo que les significó una situación de extrema miseria y perdida de autonomía, integrándolos de la peor manera posible a la comunidad nacional. A su vez, los pueblos indígenas del extremo sur fueron totalmente exterminados, sea por el asesinato directo, el contagio de plagas o por grotescos intentos de asimilación cultural que incluyeron el despojo de sus tierras y su desplazamiento forzado. Para cohonestar lo anterior se forjó el mito de "la pacificación de la Araucanía" y de la civilización de los indígenas del sur austral.
En el plano internacional, la Independencia de España no condujo al país a un proyecto nacional de desarrollo, sino a una inserción dependiente -como nación exportadora de materias primas-en el sistema económico internacional hegemonizado por el imperio británico. Por otro lado, la rivalidad por la preponderancia en el Pacífico Sur llevo a Chile a tener siempre malas relaciones con Perú y Bolivia, las que culminaron con la Guerra del Pacífico. A su vez, la rivalidades geográficas por el extremo sur se expresaron en muy tensas relaciones con Argentina. Por último, el creciente hegemonismo hemisférico de Estados Unidos se tradujo también en muy difíciles relaciones entre Chile y el país del Norte.
En la medida que se produjo una maduración política de la oligarquía, ésta buscó desembarazarse de la autocracia, lo que se concretó en la guerra civil de 1891 y la derrota de Balmaceda. Curiosamente, en torno a la figura de éste, se fue desarrollando durante el siglo XX un mito nacionalista, industrialista y revolucionario que habla mucho del autoritarismo y la debilidad de los sectores medios y populares que se sintieron identificados con el.
Luego de 1891 se estableció en propiedad una república oligárquica que mantuvo la exclusión de las clases medias y populares del sistema político y de los beneficios económico-sociales, con excepción para la primera de la educación. Dicha república, formalmente basada en un sufragio universal alfabeto masculino casi total, desarrolló un masivo fraude electoral a través del falseamiento de las inscripciones y escrutinios a nivel municipal, del cohecho y de la sujeción natural del inquilinaje. A su vez, los partidos políticos se estructuraron sobre un eje clerical-laico; y con la excepción del Partido Demócrata - que fue cooptado- representaron diversas fracciones de la misma oligarquía . Es sólo a partir de 1912 que el Partido Liberal y especialmente el Radical empiezan a experimentar un progresivo vuelco a favor de la agregación de la representación de los sectores medios en su interior. En todo caso, el sistema estaba condenado a un pronto desplome, dado su extremo inmovilismo parlamentarista que implica que cualquier ley o política de significación requería del consenso de todos los partidos. A ello se sumaba el notable grado de corrupción alcanzado entre la élite política y los grandes intereses económicos.
En los marcos de dicha república se fue generando una gran riqueza producto de la afluencia a raudales de los ingresos del salitre. Recordemos que si bien su propiedad era mayoritariamente extranjera, los impuestos aplicados a ella corresponderían al 50% de su valor de exportación; una proporción tremendamente nacionalista, comparada con los estándares aplicados actualmente a la gran minería del cobre, que también está hoy día mayoritariamente en manos extranjeras.
No obstante que buena parte de esa riqueza fue dilapidada por el derroche y el fausto oligárquico, gran parte se destinó al desarrollo de infraestructura, educación y servicios públicos por parte del Estado; y al fomento de industrias livianas, de otros recursos mineros y de servicios conexos por parte del sector privado. Esto fue creando un notorio incremento del propietario minero e industrial y de las clases medias.
Por otro lado, la insensibilidad social de la oligárquica, unida al recrudecimiento de la inflación y al profundo impacto de las crisis internacionales en una economía tan dependiente de las fluctuaciones de la demanda y los precios mundiales del salitre; fue causando un agravamiento de las miserables condiciones de la vida de los sectores populares. Esto, a su vez, incentivó la protesta obrera, particularmente en los grandes centros industriales y mineros. Y la respuesta oligárquica fue la represión, no escatimándose para ello violencia alguna, como lo demuestran las masacres de Valparaíso en 1903, de Santiago en 1905, de Antofagasta en 1906 y de Iquique en 1907. La consigna era, como a lo largo de todo el siglo XX, que había que conservar el orden "cueste lo que cueste".
Sin embargo, con las crisis globales provocadas luego del inicio y del fin de la primera guerra mundial, el agotamiento económico-social de la república oligárquica se hizo cada vez más evidente. A el contribuyó el malestar creciente no sólo de los sectores populares urbanos y mineros, sino también de la clase media, de las Fuerzas Armadas y del despertar de las reivindicaciones de la mujer.
En todo caso, aquel malestar no tuvo un sentido unívoco, ya que entre las clases medias (y la oficialidad de las Fuerzas Armadas) y los sectores populares existía un abismo socio-cultural mucho mayor que entre las primeras y la oligarquía. Esto se expresó en un fuerte distanciamiento ideológico y político entre aquellas, el cual se agravó con el impacto mundial de la revolución bolchevique y el consiguiente temor a una revolución popular.
De este modo, el proyecto radical-alessandrista-Ibañista tuvo un sentido de ampliación de la república oligárquica para integrar a ella a los sectores medios, pero excluyendo a los populares. A estos sólo se buscaba - en el caso de los urbanos y mineros - mejorar su situación material para alejarlas de afanes revolucionarios. En el caso del sumiso campesinado ni siquiera eso. Como el grueso de la oligarquía no estaba dispuesto a aquello, entabló una dura pugna contra Alessandri en 1920. Pero las alineaciones básicas de los "unionistas" (conservadores y liberales más derechistas) y "aliancistas" (radicales y liberales alessandristas) fueron las mismas respecto de favorecer las leyes represivas de fines de los 10 (ley de residencia y estado de sitio) y las masacres de comienzos del 20 (Punta Arenas, San Gregorio y la Coruña)
Es más, tanto los gobiernos de Alessandri, Ibáñez y de los radicales mantuvieron el sistema electoral distorsionado por el cohecho y dejaron prácticamente intocado el régimen semifeudal que prevaleció en la agricultura hasta la década del 60 del siglo pasado.
Asimismo, utilizaron la represión del movimiento sindical cada vez que su conducta se excedía en lo que la factual alianza oligárquico-mesocrática consideraba aceptable. Para ello se usó una franca dictadura (primer gobierno de Ibáñez) o leyes represivas como la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley de Defensa de la Democracia, durante los segundos gobiernos de Alessandri e Ibáñez y los gobiernos radicales.
Es cierto que la inclusión de los sectores medios se tradujo también en importantes transformaciones de la sociedad chilena como la promoción de la industrialización sustitutita de importaciones; el desarrollo de la educación y de servicios sociales como la previsión y la salud que se extendieron no solo a las clases medias, sino también a los obreros urbanos y mineros; y una participación política mayor de estos últimos, a través de los partidos comunista y socialista.
Las contradicciones propias de aquel sistema se hicieron sentir en el ámbito económico con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones dependiente de los centro económicos mundiales y cerrado en un mercado pequeño, y el lastre de un sistema agrario completamente ineficiente. Y especialmente en el plano social, con la exclusión o represión de las clases populares. Así, se acentuaron los cuestionamientos al sistema democrático restringido por parte de las fuerzas políticas populares urbanas (socialistas y comunistas) y de sectores medios que se sintieron cada vez mas interpretados por el social-cristianismo (demócrata-cristianos) y que empezaron a promover- en competencia con la izquierda - un cambio radical del sistema agrario semifeudal.
Lo anterior creó las bases para una amplia alianza en 1958 - el pacto de Saneamiento Democrático - que incluyó también a radicales e ibañistas, y que logró una efectiva democratización del sistema político mediante la aprobación de la ley de cédula única (que impidió el cohecho en las ciudades y garantizó el secreto del voto en el campo) y de la abolición de la Ley de Defensa de la Democracia (que legalizó al Partido Comunista y permitió que sus adherentes se reinscribieran en los registros electorales)
Sin embargo, aquella alianza no se consolidó, dadas las grandes diferencias entre los sectores medios y obreros y entre vertientes laicas y cristianas de los primeros; y de la mitología prevaleciente que les impedía tomar conciencia de lo incipiente y precario del proceso de democratización que ellos mismos estaban impulsando. De este modo, la derecha con una de sus más bajas votaciones históricas recuperó la presidencia de la república, debido a la dispersión de la centro-izquierda en cuatro candidatos.
A ello se agregó el proceso de radicalización extremo experimentado por nuestro país y el conjunto del hemisferio como producto de la revolución cubana que emponzoñó catastróficamente las relaciones entre la izquierda y la democracia cristiana. Para darse cuenta del casi increíble despilfarro de poder de la centro-izquierda chilena en la década de los 60, basta constatar que ¡en 1965 la derecha eligió a 9 diputados y la centro-izquierda 138!
Como es sabido, el antagonismo entre los proyectos de transformación social de la democracia-cristiana y la izquierda posibilitó una total reversión de la incipiente democratización de la sociedad chilena, con el golpe de Estado en 1973 y la imposición, a través de la dictadura, de un proyecto refundacional neoliberal, promovido por una derecha que nunca ha creído realmente en la democracia i en el respeto de los derechos humanos fundamentales.
De este modo, la derecha reestructuró una sociedad tremendamente antidemocrática, desigual e injusta; y ha conseguido proyectarla eficazmente hasta el día de hoy a través de una sofisticada democracia nominal. Pero ciertamente que esta proyección ha contado con un sorprendente aliado: Una dirigencia concertacionista que, a despecho de un discurso democratizador y promotor de la justicia social, y de un apoyo popular mayoritario; ha asimilado como suyo los rasgos esenciales del modelo económico, social, y cultural de la dictadura. Así, esta dirigencia regaló en forma inédita -a través del acuerdo sobre reformas constitucionales de 1989- la segura mayoría parlamentaría simple que le aguardaba, de haberse conservado la Constitución del 80 en su forma original. Luego ha desechado todos los pactos electorales con la izquierda extraconcertacionista que le hubieran permitido, desde 1998, tener mayoría en ambas cámaras. Y cuando fortuitamente adquirió dicha mayoría entre agosto de 2000 y marzo de 2002 - por desafueros de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz- no aprobó ninguna ley que modificara el modelo impuesto por la dictadura ¡La opinión pública ni siquiera tomó conciencia de aquel cambio de mayorías!
Es así que hasta hoy se proyecta el inmenso poder de los principales grupos económicos; la gigantesca desigualdad en la distribución del ingreso; la carencia de una legislación laboral y sindical que proteja los derechos de los trabajadores; la existencia de sistemas mercantiles de salud, educación y previsión; la ausencia de poder de las organizaciones sociales de los sectores medios y populares; la concentración casi total de los medios de comunicación influyentes en manos de la derecha (incluso la Concertación autodestruyó los numerosos medios escritos que había desarrollado a fines de la dictadura, y esta impidiendo que pueda refundarse un diario de centro-izquierda como el Clarín); y la impunidad casi total de las gravísimas formas de violación de derechos humanos cometidas por la dictadura.
Y la subsistencia de nuestra extraordinaria capacidad mitológica la vemos en toda su dimensión al constatar como el liderazgo concertacionalista ha convencido al conjunto de la población -y al mundo exterior- de que vivimos una democracia imperfecta, cuando de acuerdo a los propios parámetros públicamente expresados por la Alianza Democrática en julio de 1984 (y tantas otras veces), nuestro sistema político no califica ni para ser llamado mínimamente democrático. Es claro, nuestra Constitución y las leyes no son el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo ¿hasta cuándo? Hasta que la centro-izquierda chilena no se aglutine en torno a un proyecto claramente democratizador y promotor de la justicia social.
